La vivienda en Mallorca a día de hoy

El estado actual de la vivienda en Mallorca: entre la presión turística y la urgencia habitacional

Mallorca, la isla más grande del archipiélago balear, vive una de las crisis habitacionales más severas de su historia reciente. En un contexto donde la belleza natural y la proyección internacional atraen a millones de turistas cada año, el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en una tarea casi imposible para gran parte de la población residente.

El impacto del turismo y la inversión extranjera

Uno de los principales factores que ha transformado el mercado inmobiliario mallorquín es el auge del turismo y el incremento exponencial de la compra de propiedades por parte de extranjeros, especialmente alemanes, británicos y, más recientemente, franceses y estadounidenses. Esta demanda internacional ha elevado el precio medio del metro cuadrado a niveles inalcanzables para la mayoría de los trabajadores locales.

Según datos recientes, el precio medio de venta en Palma supera los 3.500 euros por metro cuadrado, mientras que en municipios costeros como Andratx, Sóller o Deià, las cifras pueden duplicarse. La escasez de suelo urbanizable y las restricciones medioambientales —necesarias para proteger el entorno natural— también han contribuido al alza.

El alquiler: una situación insostenible

El mercado de alquiler ha seguido una tendencia similar. En 2024, el precio medio de alquiler en Palma se situaba en torno a los 17 €/m², lo que significa que un piso de 70 m² puede superar los 1.200 euros mensuales. En municipios con alta presión turística, la situación es aún peor. Esto ha provocado que muchos residentes se vean obligados a compartir piso, desplazarse a zonas del interior menos conectadas, o incluso abandonar la isla.

El auge de plataformas de alquiler vacacional como Airbnb ha agravado el problema, reduciendo drásticamente el parque de viviendas disponibles para alquiler residencial.

Políticas públicas y respuesta social

Ante esta situación, el Govern balear ha comenzado a aplicar medidas más restrictivas. En mayo de 2024 se aprobó una nueva normativa que prohíbe la venta de viviendas a no residentes sin un mínimo de cinco años de empadronamiento en las Islas Baleares. Además, se han endurecido las condiciones para obtener licencias de alquiler turístico.

También se está promoviendo la construcción de vivienda pública, aunque el ritmo sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda. Asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas y sindicatos de vivienda han ganado fuerza, reclamando un control más efectivo de los precios, así como expropiaciones puntuales de viviendas vacías pertenecientes a grandes tenedores.

Consecuencias sociales y riesgo de despoblación

El encarecimiento de la vivienda ha generado una expulsión silenciosa de las clases trabajadoras y de los jóvenes, que no pueden permitirse vivir en la isla donde nacieron o trabajan. Esto afecta directamente a sectores clave como la sanidad, la educación y la hostelería, donde empieza a haber dificultades para cubrir vacantes debido a la falta de alojamiento asequible.

Además, algunos municipios están viendo cómo la población residente se reduce o se transforma por completo en comunidades de temporada o jubilados extranjeros, lo que altera la vida social, cultural y económica local.

Conclusión

Mallorca se encuentra en una encrucijada: necesita proteger su entorno y su atractivo turístico, pero también garantizar el derecho a la vivienda de su población. La tensión entre estos dos modelos —el de destino turístico de lujo y el de isla habitable para sus residentes— marcará el futuro inmediato del archipiélago. Lo que está en juego no es solo el precio de una casa, sino el alma de Mallorca.